La Cámara de Cuentas presenta en las Cortes de Aragón el informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al ejercicio 2015

Luis Rufas, Vicepresidente, y Alfonso Peña, Presidente de la Cámara de Cuentas, en el centro, junto a varios portavoces de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas.

El Informe de Fiscalización sobre el ente provincial en el ejercicio de 2015, presentado esta mañana por su presidente Alfonso Peña en la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas, expresa una opinión favorable sobre las cuentas anuales pero revela varias incorrecciones contables e incumplimientos en el área de personal, contratación y subvenciones

Zaragoza, 01/10/2018.- El Presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha valorado positivamente la gestión de las cuentas de la Diputación Provincial de Zaragoza durante el ejercicio de 2015 sin bien ha señalado varios aspectos a corregir en materia contable y laboral, tal y como refleja el informe de Fiscalización presentado esta mañana en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas.

Peña ha destacado el esfuerzo que ha supuesto para la Cámara de Cuentas examinar las cuentas de la Diputación Provincial de Zaragoza pues, pese a ser la cuarta institución de la Comunidad Autónoma por volumen presupuestario, nunca había sido auditada de forma externa desde su creación en 1835 .“Al ser la primera vez que se fiscaliza de manera global con todas sus instituciones dependientes y todas sus áreas,  la Cámara de Cuentas no tenía un conocimiento previo adquirido del modo de funcionamiento de la institución provincial. Hemos dedicado cinco personas y casi 4000 horas de auditoría en los años 2016 y 2017 y la valoración que hacemos internamente es que ha merecido la pena”, ha destacado.

El presidente ha elogiado la labor del personal de la entidad y su buena salud económica. “Es una institución con unos medios humanos que en muchos casos yo calificaría de magníficos y que presenta una situación financiera muy saneada con un ahorro de 30 millones de euros y una capacidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, de casi 20 millones de euros. Eso ayuda a que la gestión sea mejor”, ha detallado.

Sobre los incumplimientos e incorrecciones señalados en el informe, Peña ha reconocido que “el resultado ha sido bueno, la fiscalización ha salido bien, pues la DPZ es una institución madura, pero si  un auditor revisa la gestión siempre va a encontrar márgenes de mejora”; además, ha recordado que, tras la remisión del informe al Tribunal de Cuentas, este organismo abrió diligencias sobre ocho asuntos, “pero a día de hoy se han archivado todas excepto las que hacen referencia a los gastos no justificados de gerencia de la Residencia Pignatelli”, ha apuntado.  

El vicepresidente Luis Rufas, que también ha comparecido por haber sido el miembro de la Cámara de Cuentas responsable de este informe,  ha destacado el carácter “atomizado” de la entidad y la necesidad que tiene modernizarse. “La DPZ ha recogido por aluvión muchas cosas que estaban y no se sabía dónde debían encajar. Opera en el tráfico económico con una estructura un tanto atomizada pero necesita modernizarse, la era digital ha de empezar a pasar por ella”. Rufas ha recordado que a la Cámara le llamó la atención la falta de control en la identificación fiable de su patrimonio. “Sólo hay que verlo, hasta en Barbastro tenía una finca que ya no tiene”, ha apuntado.  

Ambos representantes del organismo fiscalizador han hecho un repaso exhaustivo de los errores detectados en el informe, de los que para Rufas “se desprende más una necesidad de actualización a los tiempos actuales que de habernos encontrado con situaciones no deseadas”. Estas incorrecciones se han hallado en materia contable, por no detallar la devolución de los ingresos en participación en los tributos locales, así como en materia laboral, por no existir una relación de los puestos de trabajo y por detectarse un acuerdo para el personal laboral que data de 1985 y que todavía no se ha adecuado a la legislación actual. También han tratado el asunto de la regulación de la residencia Escolar Pignatelli y sus gastos no justificados, donde Rufas ha recordado que en el informe llama la atención la existencia de un contrato que tiene una duración de diez años.

Rufas ha recogido la sugerencia de los partidos en cuanto a comprobar si la DPZ corrige los errores detectados. “Nosotros fiscalizamos y estamos en contacto con todos los entes. Quizá será necesario hacer un seguimiento, aunque desde la emisión del informe en septiembre de 2017 ha transcurrido ya tiempo para que corrijan esos defectos”, ha opinado.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Lafuente, ha destacado la buena imagen que de la DPZ del ejercicio de 2015 se desprende del análisis del informe de la Cámara de Cuentas y ha minimizado los errores detectados. “Los incumplimientos son meramente técnicos. Es imposible llegar a la perfección, pero me parece muy reseñable el resultado económico patrimonial y aquí no se lo he oído mencionar a nadie”, ha resaltado.  

Para Lafuente, “viendo otros informes, la DPZ en 2015 fue ejemplar en cuanto a modificaciones presupuestarias. En un contexto de crisis, con 22 millones menos de gasto, se mantuvo el mismo nivel de servicios”, ha destacado.  

Por parte del PSOE, Alfredo Sancho ha destacado que el informe refleja “la necesidad de modernización de la DPZ en todos sus aspectos”. Para el portavoz socialista “hay innumerables incorrecciones que se reproducen en todas las cuentas. Se necesita prestar atención y adecuarse ya a las leyes y al momento en que estamos viviendo”, ha recomendado.    

Para Alfonso Clavería (Podemos), “las conclusiones no indican una gran disparidad en las cifras y todo parece estar bajo control, aunque queda la sensación de que la gestión no se realiza con el debido respeto a las normas y diligencia debidas que se exige a cualquier administración. A la vista de las incorrecciones detectadas, el portavoz de la formación morada ha apreciado un “hilo conductor” con los defectos apreciados en el informe de la Diputación Provincial de Huesca.  

María Herrero (PAR) ha destacado que en el informe “no hay graves incumplimientos, pero no veo correlación con las recomendaciones que se hacen. Me parecen que son benévolas con esos incumplimientos”. La  representante de la formación aragonesista ha señalado que “en ayuntamientos pequeños a veces se detectan incumplimientos por ignorancia o falta de medios, pero en la DPZ ya no debería haber ninguno porque tienen suficientes medios para hacerlo bien”.

Javier Martínez, de Ciudadanos, ha centrado su atención en el apartado de las subvenciones. “Muchas de ellas son transferencias incondicionadas y eso cambia el sentido para el que se utilizan. Esto hace pensar que son decisiones políticas y hablamos de una cantidad de 62 millones de euros. No debería usarse bajo un condicionante político, sino de necesidad”, ha señalado.

Por último, Patricia Luquín, del Grupo Mixto, al igual que el resto de sus compañeros, ha agradecido la labor de la Cámara de Cuentas y ha resaltado el carácter positivo de su análisis. “Es una buena señal que sea de los informes que más me haya costado sacarles miga. Nada que ver con otros que han dado lugar incluso a una comisión de investigación”.

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