El informe de fiscalización de la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza en 2020 reconoce los esfuerzos realizados para solucionar los problemas en la gestión de la contratación.
No obstante, señala que aún no se aprecian mejoras tangibles y que el gasto por las prestaciones sin contrato siguió creciendo en el ejercicio analizado.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización sobre la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2020 que, entre otros aspectos, analiza el proceso interno de contratación y el cumplimiento de la legalidad de la actividad contractual, en particular, de la llevada a cabo para hacer frente al impacto ocasionado por el COVID-19.

En 2020, el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó 366 contratos por importe de 52 millones de euros: 68, tramitados de manera ordinaria por un importe de adjudicación de 45,4 millones de euros; 65 contratos de emergencia para atender las necesidades del COVID-19, adjudicados por 3,6 millones de euros, y 233 contratos menores, por un importe de 3 millones de euros.

El informe refleja que el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene en ejecución un número significativo de contratos una vez agotada su vigencia, sin que esta operativa tenga cobertura en las normas de contratación pública. En el ejercicio 2020 se encontraban en esta situación 145 contratos, en su mayoría para la prestación de servicios. Por áreas, destaca el número de contratos vencidos en Acción Social (55) y en Servicios Públicos y Movilidad (23). El gasto total reconocido en 2020 por el pago de estas prestaciones fue de 109 millones de euros, según el cálculo de la Cámara de Cuentas.

De la muestra de 72 contratos vencidos revisada por la Cámara de Cuentas, se desprenden, entre otros incumplimientos, que en ninguno de ellos se daban las condiciones para alargar su vigencia una vez finalizada, y que, en 13 de ellos, se aprobaron órdenes de continuidad para mantener la prestación, algunas de las cuales, sirvieron, a su vez, para modificar características esenciales del contrato, como son el objeto y el precio.

Además, respecto a la muestra analizada, el Informe recoge que la mayor parte de las obligaciones derivadas de estas prestaciones ejecutadas con el contrato vencido se regularizaron por el Ayuntamiento mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, pagándose por esta vía obligaciones por un importe total de 102,5 millones de euros en el año 2020. Desde 2014, el gasto derivado de prestaciones sin cobertura contractual tramitado mediante este procedimiento excepcional ha pasado de 30 millones de euros, a 102,5, en el año fiscalizado.

El trabajo de auditoría analiza el plan de choque diseñado por el Ayuntamiento de Zaragoza para regularizar la actividad contractual. En ejecución del plan, el Ayuntamiento inicio en 2020 las actuaciones para sacar a licitación los contratos vencidos, aunque, a septiembre de 2021, el 74% de los nuevos contratos seguían sin adjudicarse. Respecto al objetivo del plan de reducir a siete meses la tramitación completa de un contrato hasta su adjudicación, el informe señala que, en 2020, este plazo lo consumía, únicamente, la fase de preparación del expediente, previa al procedimiento de licitación.

Con el fin de normalizar la situación de las prestaciones que se ejecutan sin la cobertura de un contrato en vigor, la Cámara de Cuentas recomienda la urgente licitación y adjudicación de los nuevos contratos. Igualmente, para corregir otros incumplimientos de la normativa sobre contratación señalados en el Informe, se recomienda reforzar los sistemas de control interno de la contratación, revisar la coordinación de los centros gestores con el área de contratación y dotar a estos servicios con personal formado en la materia. Otra recomendación incluida en el Informe insta a mejorar y completar la publicidad de la actividad contractual en la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, en especial, la referida a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. La suma del gasto de estos expedientes no comunicados asciende a 89 millones de euros.

Por otro lado, este trabajo de fiscalización ha revisado la contratación de emergencia que realizó el Ayuntamiento de Zaragoza en 2020 con motivo del COVID-19, que representó casi el 7% del total contratado en dicho ejercicio (65 contratos por importe de 3,6 millones de euros). Más de la mitad de estos contratos se utilizó para adquirir material higiénico y de protección (mascarillas, material de laboratorio, mamparas protectoras, etc.), así como bienes informáticos (licencias de software y ordenadores portátiles, entre otros).

De la muestra de 20 contratos analizada, se desprende que, con carácter general, el Ayuntamiento de Zaragoza gestionó la contratación de emergencia de acuerdo con la normativa. No obstante, se aprecian algunos incumplimientos, entre ellos, que dos de los contratos tramitados por emergencia, por un importe total de 246.480 euros, no cumplían los requisitos que justifican la utilización de este procedimiento, que en uno de los contratos revisados no se acreditó la recepción de la mercancía o el servicio y que ninguno de los contratos de emergencia se publicó en la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, aunque sí en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

En el contexto de la pandemia también se sitúan las suspensiones de aquellos contratos cuyas prestaciones no pudieron ejecutarse debido al impacto de la crisis sanitaria, como la limpieza de colegios, pabellones polideportivos y otras dependencias municipales que hubo que cerrar. De todas las prestaciones suspendidas, al menos 16, se corresponden con servicios prestados sin cobertura contractual. La Cámara de Cuentas señala que el pago de estas indemnizaciones, por importe de 3 millones de euros, se tramitó de manera indebida por un procedimiento ordinario, como si derivasen de contratos en vigor, debiendo haberse tramitado por el procedimiento extraordinario de reconocimiento extrajudicial de crédito.
Finalmente, el informe revisa la contratación menor del Ayuntamiento de Zaragoza, que representó el 7% del total adjudicado en el año 2020 (233 contratos menores, por un importe de adjudicación de 3 millones de euros). Tanto por el número de contratos tramitados, como por el importe de adjudicación, el área de Servicios Públicos y Movilidad fue la que más recurrió al contrato menor, 52 en total, por importe de adjudicación de 743.000 euros.

Algunos de los incumplimientos de la normativa advertidos por la Cámara de Cuentas tras analizar una muestra de 50 contratos menores son, entre otros, la posible existencia de fraccionamiento en el objeto en un contrato para el suministro de material de oficina, así como la existencia de cuatro contratos menores con el mismo objeto, que se suceden años tras año, y que deberían licitarse con un contrato que cubra la necesidad y gasto total.

El informe concluye con seis recomendaciones para contribuir a mejorar la gestión pública.

Este trabajo ya ha sido remitido al Ayuntamiento de Zaragoza y a las Cortes y puede descargarse de la web de la Cámara de Cuentas.

El original puede validarse con el CSV: R326HQ5KHS56JY322KNGR9X en la sede electrónica de la Institución.